Murió Pinochet, de viejo. No por culpa de los trabajadores chilenos, que lo enfrentaron como pudieron a un costo de 3.000 ejecutados, decenas de miles de presos y torturados. Murió Pinochet, impune. Con cientos de causas abiertas y ninguna condena. Robos vinculados al narcotráfico, lavado de dinero, venta ilegal de armas.

Pinochet en 1978 hizo una ley de amnistía que le garantizó impunidad. Y más tarde se nombró senador vitalicio, con fueros vitalicios.

Pinochet subió al poder el 11/9/73, dicen los diarios. Falso. Las Fuerzas Armadas organizaron el golpe desde el mismo aparato el Estado: tenían cuatro ministros en el gobierno de "la vía pacífica al socialismo": "Las Fuerzas Armadas frenarán la ofensiva de los fascistas", había dicho Allende y decretado el estado de emergencia y la ley de requisa de armas contra las masas. Los militares no encontraron a los ejecutores de los atentados fascistas –un promedio de 20 bombas diarias-, pero allanaban fábricas, locales de izquierda, sindicatos, confiscando las pocas armas. Cuando 34 oficiales leales a Allende denunciaron con pruebas la preparación del golpe fueron torturados por la Marina y la UP no los defendió. Mientras los trabajadores organizaban cordones industriales y convertían las Juntas de Abastecimiento en organismos de doble poder, el PS y el PC buscaban frenéticamente un acuerdo con la DC –pata civil del golpe— ofreciéndole una reforma constitucional que frenara las nacionalizaciones y devolviera las empresas ocupadas. O un gobierno cívico militar que excluyera al ala izquierda del PS. O un referéndum. Lo que fuera, menos organizar a los explotados contra el golpe: Allende había jurado que no permitiría "ninguna dictadura del proletariado".

El aplastamiento del fascismo exigía romper con el cuadro de la democracia burguesa.

El pacto con la burguesía fue el acta de fundación del gobierno de la UP. Como el Congreso debía convalidar al presidente y los partidos de derecha, el Partido Nacional y la Democracia Cristiana, tenían mayoría, Allende firmó un Pacto de Garantías con la DC. Se comprometió a "no dar un solo paso fuera del orden legal vigente" y a no tocar el Ejército. El Estado financiaría las nacionalizaciones y la reforma agraria, gradual, sería acompañada por indemnizaciones a la oligarquía. ¿Tenía otra opción? Sí: apelar a los trabajadores movilizados en huelgas, tomas y ocupaciones, que organizaban la autodefensa obrera, quienes habían formado casi 15.000 comités de campaña de Antofagasta a Punta Arenas y habían logrado volcar a enormes sectores del campesinado y la pequeño burguesía hacia la izquierda.

El desarrollo de las organizaciones de doble poder, convencieron a la burguesía de que sólo un golpe aplastaría a las masas. La UP intentó aplacar a los golpistas recostándose en ellos. Cuando cientos de miles de trabajadores salieron a parar el Tancazo de junio, un ensayo general del golpe, Allende decidió no castigar a los alzados, pero les dijo a los obreros "que no se metieran en cuestiones internas de las Fuerzas Armadas".

El 4 de septiembre, una manifestación de 800.000 obreros en Santiago reclamó inútilmente que los dirigentes organizaran la resistencia. Tres días después el diario El Siglo, del Partido Comunista, proclamaba: "Hemos tenido, tenemos y tendremos confianza en los militares".

Pinochet es un hijo legítimo del imperialismo, de Kissinger, de la CIA y de la Democracia Cristina golpista, que hoy da cátedra de democracia contra los estudiantes chilenos. Pero también del Frente Popular, que abrió dócilmente las puertas del fascismo. Que abrió una época de crecimiento económico en Chile es un mito que pocos desmienten.

El pinochetismo no fue un 'plan económico' sino una contrarrevolución social; no dirimió divergencias entre dos 'modelos' de desarrollo sino que lanzó un ataque histórico contra obreros, campesinos y mapuches; devolvió fundos y empresas, privatizó las empresas nacionalizadas y públicas excepto el cobre –se deshizo de 30 empresas, con una pérdida de más de mil millones de dólares-; abrió el país a la inversión extranjera, incluida la explotación minera en términos de remate. El Plan Laboral anuló los derechos laborales e impuso el despido sin causa como derecho del patrón (la Concertación lo reemplazó como "despido por necesidades de la empresa").

La privatización de la seguridad social (Administradoras de Fondos de Pensiones e Instituciones de Salud Provisional, que ofrecen planes de salud según los ingresos del cotizante), fue una gigantesca transferencia de ingresos de los trabajadores que derivó en una quiebra total del sistema de seguridad social.

En 1982, comenzó una cadena de quiebras de las industrias más grandes del país y algunos de los mayores bancos. La desocupación se fue al 30 por ciento. El PBI cayó en un 14,1 por ciento en 1982 y otro 0,7 por ciento en 1983. El Estado socorrió con miles de millones de dólares (un tercio del PBI) al aparato financiero en quiebra. Para las masas, desocupación y hambre.

Chile comienza a crecer a tasas elevadas a partir de 1987, pero desde 1995 sólo crece a un promedio anual del 3,7 por ciento. En la crisis mundial de 1997-99, Chile estaba a punto de caerse de nuevo. Es que las ganancias capitalistas crecen mucho más que el producto, esto porque Chile se transforma en exportador de capitales. Por ejemplo, la exportación de capitales es financiada por una Bolsa de valores 'excitada' por los fondos que vienen de las AFP, las que esquilman a los trabajadores. La deuda pública de Chile es baja, en relación con el PBI, pero no así la privada, que es la que caerá en cualquier crisis, como ya ocurrió con Tailandia y Corea del Sur en 1997-98.

En el PC, la presión revolucionaria se manifiesta en una escisión pactada: surge el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Simultáneamente, para contener una situación revolucionaria surge un Acuerdo Nacional promovido por la Iglesia que une a los golpistas de la DC con los socialistas, "que dieron a los empresarios y políticos de derecha la garantía de que el tránsito hacia la democracia no pretendía una revolución socialista, ni siquiera se eliminaría el sistema neoliberal como base económica de la sociedad chilena".

La Concertación respetó la "continuidad jurídica" y la Constitución de 1980.